El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la puesta en marcha en su comunidad de medidas que dan un salto cualitativo respecto a las adoptadas hasta el momento para aquellos que incumplan las normas establecidas para detener la expansión del coronavirus. El presidente regional ha asegurado que su gobierno será especialmente contundente «con aquellos que, de manera deliberada o de manera inconsciente» no están mostrando prudencia. Las medidas anunciadas van más allá de las sanciones.
García-Page ha anunciado que reclamará «un estudio jurídico» con el objetivo de garantizar que «la autoridad sanitaria pueda personarse, desde el punto de vista fiscal y judicial» contra quienes no realicen un ejercicio de “autocontención” frente al virus. En definitiva, acusar en los tribunales a aquellos cuyo comportamiento pueda suponer un riesgo para el resto por incumplir la debida cuarentena. El presidente castellano manchego no ha ofrecido más detalles y ha resaltado que, de momento, la iniciativa está en fase de estudio.
En este sentido, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha recalcado que nos “hemos marcado un objetivo uno, que es evitar la presión hospitalaria y la mortalidad” y ha explicado que la región cuenta con una capacidad de control sobre el virus que es “muy alta, pero no es ilimitada”. A este respecto, García-Page ha indicado que «hoy por hoy, estamos en condiciones de abordar con razonable normalidad el volumen de contagio que se está produciendo y que tenemos que reducir al máximo».
Page se ha referido en concreto a aquellos que, con síntomas claros y evidentes «no han hecho una autocontención y acuden a eventos sociales» aún sabiendo que pueden estar contagiados de coronavirus. «Tenemos que asumir todos que el que tiene un síntoma tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria y autolimitarse en sus contactos», ha considerado.
También ha indicado, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que ha presidido en Toledo, que la mayoría de la sociedad «lo está haciendo bien», y por eso ha pedido «centrar el tiro» en quienes no cumplen las normas. Hasta el momento el incumplimiento de las normas dictadas venía castigándose con sanciones de distinto rango. En el caso de las mascarillas, la multa por no llevarlas es de 600 euros. Los comportamientos más graves implican multas mayores.
Por ejemplo Andalucía endureció hace solo unos días las multas. El Consejo de Gobierno anunció sanciones de hasta 600.000 euros para aquellos que puedan poner en riesgo a otros por no respetar el confinamiento en caso de sospecha de contagio o contagio confirmado.
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