Tumbado en una empresa pública el descuento del 5%

El Tribunal Constitucional ha tumbado un articulo de la Ley del Gobierno Canario que descontaba el 5% del salario a los empleados públicos.

El Tribunal dice que cuando el Gobierno Central aprobó el Real Decreto 8/2010, su propósito era aplicar el descuento a funcionarios, y en las empresas mercantiles bajo negociación.

El Gobierno Canario adopto una ley donde descontó de forma unilateral el 5% a las empresas mercantiles publicas.

El Tribunal Constitucional ha dicho que ese articulo es ilegal, por lo tanto no tiene efecto el descuento del 5% (al no haber sido negociado).

“La disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 resulta taxativa en cuanto a la exclusión del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial del 5 por 100 prevista, con carácter general, para todos los empleados públicos, sin perjuicio de que pueda acordarse su aplicación por las partes mediante la negociación colectiva. Por ello, el cuestionado art. 41.1 de la Ley canaria 11/2010, contradice de forma patente la norma básica estatal (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010), en tanto, mediante su referencia a los entes del sector público autonómico con presupuesto estimativo, dispone la aplicación de dicha reducción a las retribuciones del personal de las sociedades mercantiles públicas con efectos de 1 de junio de 2010. Tal contradicción no puede ser salvada por vía interpretativa. Y ello porque, como afirmamos en la STC 219/2013, FJ 6, el legislador básico estatal, «ha querido establecer un trato homogéneo para el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas en todo el territorio nacional, disponiendo que a este personal no le sea directamente aplicable la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual, sin perjuicio de que pueda pactarse la aplicación de esa reducción salarial mediante la negociación colectiva».
Alcanzada esta conclusión, resulta necesario pronunciarse acerca de la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad que, siguiendo en este punto la doctrina recogida —entre otras muchas— en las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio; FJ 7, 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, y 161/2012, de 20 de diciembre, FJ 7, no solo habrá de preservar la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que, igualmente, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), no se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas firmes.
En fin, declarada la inconstitucionalidad y nulidad del art. 41.1 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, en tanto aplicable a las sociedades mercantiles públicas, por vulnerar el orden constitucional de distribución de competencias, ello nos exime de pronunciarnos sobre la vulneración del art. 9.3 CE que el órgano judicial imputa a este precepto.”

Realmente me parece una gran noticia, y deja la puerta abierta a que esto suceda en otras comunidades autónomas (como Catalunya) que también aplicó de forma incorrecta tal Real Decreto.

Aqui la sentencia delTC

Autor: agarcime

Nacido en Liétor (Albacete) el 7 de febrero de 1980. Actualmente acabando la carrera de derecho en la Universitat de Barcelona, especializándome en Derecho Laboral.

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