QUE NO TE ENGAÑEN, NO TE ESTÁN DEVOLVIENDO LA PAGA EXTRA 2012

En estos últimos días, estoy leyendo en varios periódicos incluso en boletines sindicales, que la Administración Pública va a empezar en breve a devolver parte de la paga extra 2012, sustraída por decreto.

Se habla de la devolución de 44 días exactamente, y en el caso del Clinic de 14 días.

Pues bien, no es una devolución en realidad. El decreto se aprobó un 14 de julio, y el gobierno central y las administraciones autonómicas lo aplicaron de forma retroactiva dejando de abonar la paga extra entera, cuando en realidad deberían de aplicar el decreto a partir del día siguiente de su publicación en el BOE.

Diversos trabajadores han demandado y efectivamente se les ha dicho que las normas no pueden aplicarse de forma retroactiva sobre un derecho ya devengado (la paga extra se va devengando cada día que uno trabaja).

¿qué es lo que van a devolver? pues sencillamente van a devolver lo que los jueces les están obligando a devolver, todo el periodo no comprendido en la aplicación del decreto de eliminación de la paga extra.

Por lo tanto, no es cierto que vayan a devolver ahora la paga extra del 2012, lo que van a devolver, son los dias anteriores a la aplicación del decreto. 

 

Tumbado en una empresa pública el descuento del 5%

El Tribunal Constitucional ha tumbado un articulo de la Ley del Gobierno Canario que descontaba el 5% del salario a los empleados públicos.

El Tribunal dice que cuando el Gobierno Central aprobó el Real Decreto 8/2010, su propósito era aplicar el descuento a funcionarios, y en las empresas mercantiles bajo negociación.

El Gobierno Canario adopto una ley donde descontó de forma unilateral el 5% a las empresas mercantiles publicas.

El Tribunal Constitucional ha dicho que ese articulo es ilegal, por lo tanto no tiene efecto el descuento del 5% (al no haber sido negociado).

“La disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 resulta taxativa en cuanto a la exclusión del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial del 5 por 100 prevista, con carácter general, para todos los empleados públicos, sin perjuicio de que pueda acordarse su aplicación por las partes mediante la negociación colectiva. Por ello, el cuestionado art. 41.1 de la Ley canaria 11/2010, contradice de forma patente la norma básica estatal (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010), en tanto, mediante su referencia a los entes del sector público autonómico con presupuesto estimativo, dispone la aplicación de dicha reducción a las retribuciones del personal de las sociedades mercantiles públicas con efectos de 1 de junio de 2010. Tal contradicción no puede ser salvada por vía interpretativa. Y ello porque, como afirmamos en la STC 219/2013, FJ 6, el legislador básico estatal, «ha querido establecer un trato homogéneo para el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas en todo el territorio nacional, disponiendo que a este personal no le sea directamente aplicable la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual, sin perjuicio de que pueda pactarse la aplicación de esa reducción salarial mediante la negociación colectiva».
Alcanzada esta conclusión, resulta necesario pronunciarse acerca de la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad que, siguiendo en este punto la doctrina recogida —entre otras muchas— en las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio; FJ 7, 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, y 161/2012, de 20 de diciembre, FJ 7, no solo habrá de preservar la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que, igualmente, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), no se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas firmes.
En fin, declarada la inconstitucionalidad y nulidad del art. 41.1 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, en tanto aplicable a las sociedades mercantiles públicas, por vulnerar el orden constitucional de distribución de competencias, ello nos exime de pronunciarnos sobre la vulneración del art. 9.3 CE que el órgano judicial imputa a este precepto.”

Realmente me parece una gran noticia, y deja la puerta abierta a que esto suceda en otras comunidades autónomas (como Catalunya) que también aplicó de forma incorrecta tal Real Decreto.

Aqui la sentencia delTC

Notas a una de las siete sentencias dictadas el 18 de julio, caso “Hospital Clínic i Provincial de Barcelona”.

Articulo publicado por Eduardo Rojo (Catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social de la UAB), dónmde expone el cambio jurisprudencial realizado por el Tribunal Supremo sobre el derecho de opción (art 72) del Convenio Colectivo del Hospital Clínic

  1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de loSocial del Tribunal Supremo el 18 de julio (rec. 1616/2013), de la que fue ponente el magistrado Miguel Ángel Luelmo, dictada en Pleno, Como reza el título del post, el TS se partió o dividió en dos bloques claramente diferenciados en esta sentencia, ya que la misma cuenta con el voto particular del magistrado Jordi Agusti, al que se adhieren tres magistradas y tres magistrados más, es decir prácticamente la mitad de la Sala. Ya adelanto que la sentencia, que acoge la tesis defendida en el informe del Ministerio Fiscal, desestima el recurso de la parte trabajadora recurrente. La misma tesis, con el mismo voto particular, se recoge en seis sentencias de la misma fecha, dictadas en pleno, siendo ponente de cuatro de ellas (Rec1861/2013Rec. 1119/2013, Rec 1134/2013, y Rec 1618/2013),  el magistrado Jesús Souto, y de la dos restantes  (Rec. 1428/2013 y Rec. 1429/2013) el magistrado José Manuel López.

La sentencia (o má cos correcto sería decir las siete sentencias) merece(n) mi atención no sólo, obviamente, por contar con ese voto particular, sino también, y en primer lugar, porque aborda una cuestión de especial interés e importancia, cuál es la interpretación (ya adelanto que a mi parecer se trata más bien de una reinterpretación) de una cláusula convencional pactada en convenio colectivo. El debate no es baladí desde luego, porque está en juego la autonomía negocial y hasta qué punto puede la autoridad judicial interpretar o reinterpretar lo pactado por las partes, en el bien entendido lógicamente que la resolución judicial, y por ello la tesis que adopte el tribunal, se dicta como consecuencia de un conflicto laboral en el que las partes mantienen  tesis contrapuestas sobre cómo debe interpretarse aquello que se pactó en sede negocial. Dicho sea incidentalmente, recuerdo la importancia de las actas de las sesiones negociadoras como elemento útil de primer orden para averiguar qué quisieron pactar las partes, y menos incidentalmente que es el juzgador de instancia el que tiene un conocimiento mejor y más directo de los hechos y que debe ser respetado, salvo revisión probada de los mismos, por los tribunales que conozcan de los recursos que se interpongan.  Además, la sentencia puede tener una incidencia indudable (se trata de una resolución dictada en unificación de doctrina) en conflictos planteados en otras empresas a las que se aplique convenios colectivos que contengan una cláusula en los mismos, o muy parecidos, términos, que la del convenio del Hospital Clínic.

Además, el interés del caso radica en que se trata de una cláusula convencional muy poco frecuente de encontrar en los convenios colectivos, cual es la concesión al trabajador de optar entre la readmisión o indemnización en caso de que el despido (y utilizo ahora este término sin añadidos que lo vinculen a un medida disciplinaria del empleador o a otra forma de extinción del vínculo contractual) sea declarado improcedente por los tribunales. Es decir, estamos ante una cláusula convencional que mejora sensiblemente para el trabajador lo dispuesto en la normativa legal aplicable, ya que el art. 56 (con la excepción del despido de los representantes de los trabajadores) dispone que “1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo”. El texto del art. 72 del convenio vigente en la fecha de la extinción (y no hay cambios de fondo en el texto actualmente en vigor)  disponía que “en caso  de sentencia firme en que se declare expresamente la improcedencia del despido, la opción entre la reincorporación al trabajo o la indemnización corresponderá siempre al trabajador”. Continuar leyendo “Notas a una de las siete sentencias dictadas el 18 de julio, caso “Hospital Clínic i Provincial de Barcelona”.”